Un prominente grupo de mexicanos se ha
pronunciado a favor de legalizar el uso de la mariguana. Entre ellos, Juan
Ramón de la Fuente, Pedro Aspe, Fernando Gómez Mont y Jorge G. Castañeda (Fox queda fuera). Esta manifestación
siguió a la de un grupo de ex presidentes de países latinoamericanos: Ernesto
Zedillo (México), Fernando Enrique Cardoso (Brasil) y César Gaviria (Colombia).
El tema es que la legalización representa un factor para reducir los índices de
violencia en los países productores, consumidores o que constituyen una vía
terrestre para hacer llegar la droga a los Estados Unidos.
El asunto tiene muchas perspectivas de
valoración: el uso médico de la cannabis, el daño relativamente bajo que genera
en la salud frente a otras drogas, la regulación de un mercado que opera bajo
circunstancias de violencia y la posibilidad de que sólo la autoridad del
Estado distribuya este producto psicoactivo, entre otros aspectos, pero destaca en particular su uso regulado a través de la ley.
El derecho expresa el grado
de civilización alcanzado por la sociedad. Constituye un medio para evitar o
procesar los conflictos sociales y evitar que prevalezca la posición del más
fuerte frente al débil. De ahí que la pregunta sea si regular la producción,
distribución y consumo de la mariguana reduciría los conflictos sociales, por
ejemplo en Michoacán, porque no es la hierba en sí misma lo que nos preocupa,
sino la violencia asociada a la misma.
La violencia en el Estado purépecha
tiene que ver en parte con el cultivo de mariguana y amapola que por décadas se ha llevado a cabo en esa entidad, pero hoy día
ya no representan los principales productos ilícitos que mueven en el Estado a
través de las redes del crimen organizado. De hecho, ni siquiera son los
principales objetos que explican la violencia. La producción y distribución de la
hierba ha sido desplazada en ese territorio por la extracción ilícita de
metales, la internación irregular de materias primas para la producción de
drogas sintéticas, el secuestro, la extorsión y el cobro de derecho de piso, la
apropiación de huertas de aguacate y cultivos de limón, la tala inmoderada y una larga cadena de
ilícitos antes que la producción de mariguana.
¿En una condición de estado de
excepción que posibilite la regulación de la mariguana en el Estado de
Michoacán se reduciría la violencia? Creo que no. Soy de la idea de que la
intención de regular la producción, distribución y consumo de la cannabis
obedece a una lógica de mercado externa sobre la base de ingresar una nueva
mercancía a la venta pública, proceso del que ya se ven algunos avances en estados federados de la
unión americana.
Aparte, en México llevamos muchos años emitiendo normas para reducir en la población los efectos nocivos del
tabaco y se ha regulado, a veces hasta de manera excesiva, su consumo en
lugares públicos. La razón son los costos para la salud de las personas, sus
allegados y para el propio Estado en materia de salud pública. La
mariguana al igual que el tabaco produce adicción y daños a la salud
comprobados e irreversibles.
Ahora bien, regular los aspectos
relacionados con la buena salud que propicia la explotación de la mariguana
como fármaco, es otro asunto. Sin embargo, este aspecto aún requiere de
investigación, no porque se ignore ciertas propiedades curativas, sino para
valorar los efectos que todo fármaco debe advertir a sus consumidores previo a
su registro y autorización por parte de las autoridades sanitarias.
Regular
la mariguana constituye un tema de discusión amplio y serio, pero pensar que el
uso regulado de la misma es un remedio para la violencia, es atribuirle
propiedades curativas más allá de sus cualidades farmacéuticas.
