Los fierros viejos de Pemex

En cualquier ciudad del país en carritos adaptados señores ofrecen, al grito de “fierros viejos que vendan”, adquirir las posesiones obsoletas o inservibles de las casas. Nunca el precio que ofrecen es el mejor y, a veces, hasta cobran por llevarse las cosas viejas o en desuso. Es casi una tradición urbana ver a estos personajes recorrer calles llevando y trayendo objetos.

Una visión extrapolada puede aplicarse al caso de Pemex. El debate es tan intenso y cargado de ideología, que prácticamente pareciera que la propuesta de modificar la legislación tiene el propósito de deshacerse de los fieros viejos de la industria petrolera mexicana. Así lo hacen aparecer muchos interlocutores de la discusión.  

La primera propuesta para desincorporar una empresa nacional estratégica se hizo durante el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, quien propuso al Congreso de la Unión un esquema de gobierno diferente para la Comisión Federal de Electricidad, CFE. En esa ocasión se opusieron los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. La iniciativa ni siquiera llegó a discutirse y sólo tuvo costos políticos para el partido gobernante en ese entonces, el Revolucionario Institucional.

Años más tarde, el propio presidente Vicente Fox presentó prácticamente la misma iniciativa, incluso con un texto normativo prácticamente igual, no obstante, tampoco llegó a discutirse. Mucho se habló entonces de que la reforma a la CFE era el paso previo para privatizar Pemex, las únicas dos empresas públicas relevantes.

Privatizar se ha convertido en el estigma político para no hacer nada. El caso es que no hay modo de hacer de Pemex una empresa pública de hecho y no mantenerla como una empresa pública de membrete. Petróleos Mexicanos es una institución pública cuyo esquema de operación dista mucho del de una empresa corporativa y, desde luego, este modelo no le permite competir frente a los corporativos en igualdad de condiciones.

Pero más allá de la competencia  internacional y de los mercados mundiales, qué es lo que los opositores a la reforma pretenden: conservar los fierros viejos, esperar a que la empresa llegue a su inviabilidad financiera por falta de inversión o imaginan que algo diferente va a pasar después de más de siete décadas.

Si algo no ha funcionado durante mucho tiempo, lo mejor es cambiarlo. Así de sencillo, y no digo que pongamos en bandeja de plata a nuestra principal fuente de ingresos públicos, sino que la renovemos ante la evidencia de la caída de las reservas en los últimos años.

Brasil es un país con un gobierno a la izquierda de la socialdemocracia que permite la intervención de recursos de la empresa privada en contratos de riesgo, compartiendo pérdidas y ganancias. Cuba también lo hace y, de hecho, no tendría otra para alternativa para explotar el petróleo que subyace en su territorio y mar patrimonial. Ni que decir de Noruega, en el que la participación de capital público y privado ha permitido crear un fondo para esa nación para enfrentar la declinación futura de sus reservas.

Incluso Brasil ha modificado una vez más su legislación en la materia, para que la renta petrolera se aplique a la educación, convencidos de que todos los países desarrollados invirtieron en ese campo antes de llegar a mejores niveles de vida de su población. Sin educación es difícil pensar en desarrollo.

De ahí la pregunta de qué queremos hacer con muestro petróleo, porque sin tecnología difícilmente podrán extraerse hidrocarburos de aguas profundas. Porque sin recursos frescos, de los que hoy no disponemos, las reservas continuarán bajando y depreciando el valor de nuestra industria. Porque de mantener la misma perspectiva, lo único que se alimentará es a la burocracia corporativa y la burocracia sindical que consumen los pocos recursos que le quedan a Pemex después de descontar impuestos y derechos.

La propuesta de modificar la industria petrolera mexicana no implica vender el petróleo que subyace en el territorio nacional; tampoco pretende vender los fierros viejos, porque esos nadie los quiere. Lo que queremos es adquirir con recursos frescos nuevos fierros, acceso a nuevas tecnologías y a un mejor modelo corporativo que le permita a la empresa pública competir con sus homólogas en el mundo en mejores condiciones de competitividad.

Pero el problema más difícil está en vencer una idea nacionalista mal entendida, que considera que cualquier operación o negocio con extranjeros es tanto como cambiar oro por espejos, una idea atrapada en la desconfianza del otro, en una especie de teoría de la conspiración perpetua de lo nuevo en nuestra contra.

Que la extracción, producción, refinación y distribución del petróleo esté únicamente en manos del gobierno no nos ha hecho productivos, ni transparentes, ni eficientes, porque alrededor de este modelo lo que hemos consolidado mejor que nada es una gran clientela política, empresarial y laboral, quienes pareciera son los receptores de la renta petrolera disponible.

De no reconsiderar las cosas tal como están, en algunas décadas estaremos a la espera de escuchar “fierros viejos que vendan”.

Más allá de las facultades del Congreso

Sobrepeso u obesidad mórbida son las formas correctas de llamar a la “gordura”, esa forma peyorativa en que se dirigen muchos compañeros, familiares o amigos a las personas cuya salud se ve amenazada por sus kilos de más. Por increíble que parezca, México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo con este padecimiento, desde la primera infancia hasta la edad adulta y contrario a lo que piensan muchos no es resultado de la dieta tradicional mexicana, basada en una combinación de muchas calorías y proteínas.

De ser cierto que las tortillas, los tamales, las corundas, las semitas, las tortas ahogadas o las guajolotas fueran las responsables del peso desmedido de los mexicanos, nuestro país habría sido una población de obesos desde hace muchas décadas, sin embargo, esta circunstancia más bien se ha acentuado en las últimos veinte años, coincidentemente con el abaratamiento a nivel mundial de toda clase de calorías, ya sean dulces, refrescos, golosinas o de la denominada fast food o comida rápida.

Evidentemente, nuestros platillos constituyen un riesgo cuando se mezclan con hábitos de consumo de alimentos con altas concentraciones calóricas. Si a un buen número de tortillas le sumamos un paquete de golosinas o el consumo de uno o más refrescos, además de una tarde sedentaria frente al televisor, difícilmente podremos contrarrestar un déficit calórico para conservar un peso razonablemente proporcional a nuestra complexión y edad.

Efectivamente vivimos una condición epidemiológica en el país producto del sobrepeso y la obesidad que, tarde o tempano, afectará nuestra salud de manera irreversible, sobre todo, si tenemos en nuestro haber un pasado familiar con tendencia a problemas cardiovasculares o, simple y llanamente, a la diabetes.

Esta circunstancia representa un problema delicado de salud pública, porque previsiblemente las personas que se enfermen como resultado de su obesidad, acudirán a los centros de salud de los sistemas estatales o federales, lo que representa desde ahora un costo alto no sólo en medicamentos, tratamientos e intervenciones, sino también, en términos laborales y de productividad en el trabajo.

Sin duda, la mayoría de los casos de sobrepeso y obesidad se explican a la persistencia de malos hábitos alimenticios combinados con la inactividad física y a la reproducción generacional de estilos de vida nocivos para la salud. De ahí que cuando los padres de familia son obesos, la probabilidad de que los hijos lo sean se eleva al 80 por ciento.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el costo directo estimado que representa la atención médica a personas con enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad (problemas cardiovasculares, cerebro-vasculares, hipertensión, algunos tipos de cáncer, atención de diabetes mellitus, tipo 2), se incrementó del año 2000 al 2008 en un 61 por ciento, al pasar de 26 mil 283 millones de pesos a 42 mil 246 millones de pesos. La misma dependencia estima que para el año 2017 dicho gasto alcanzará los 77 mil 919 millones (en pesos de 2008), un moto tres veces superior a lo que se estima recaudar en la frontera con la homologación del Impuesto al Valor Agregado en el año 2014.

La pregunta razonable es cómo orientar los hábitos de consumo sin caer en medidas regulatorias que a nadie gustan. La Ley General de Salud señala expresamente entre sus finalidades, la procuración del bienestar físico y mental de las personas para el ejercicio pleno de sus capacidades, así  como el fomento de valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud individual y colectiva que contribuyan al desarrollo social.

Así como los problemas de desnutrición son regulados en la Ley General de Salud, también, desde hace algunos años, los legisladores han propuesto introducir en la legislación estrategias normativas para que el Estado tenga una mayor incidencia en el control del peso de los ciudadanos mexicanos. Por supuesto que no se propone prohibir o sancionar el hecho de tener kilos de más, sino que haya un seguimiento desde la primera infancia de parte de las instituciones del Estado a aquellos menores cuyo peso represente un riesgo para su salud, entre otros aspectos.

Sin embargo, debe señalarse expresamente que cualquier decisión que se tome, debe partir del reconocimiento de que los responsables de la alimentación de los niños son los padres o tutores; que no se debe prohibir el consumo de alimentos sino informar adecuadamente a los consumidores sobre el contenido nutritivo de lo que consume y alentar las decisiones informadas respecto de la salud.

En el Senado hoy se reciclan iniciativas sobre el tema y seguramente con la campaña reciente en contra del consumo de alimentos con alta concentración calórica, el debate se avivará y nuevamente se discutirá el tema de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria como son la anorexia y la bulimia.

Para llevar a cabo un debate sensato, insisto, debemos reconocer que sin la participación de los padres de familia y la voluntad propia de cada persona, cualquier disposición normativa que se proponga será insuficiente, porque algo así como prohibir y sancionar los kilos de más, está más allá de las facultades del Congreso de la Unión.

A Propósito de los Órganos autónomos

Una característica de los poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es la autonomía de uno respecto del otro. Esto que normalmente llamamos División de Poderes y que representa la unidad que guarda cada uno de ellos en términos de verticalidad y el ejercicio del principio de autoridad con base en las disposiciones constitucionales y legales. De este modo el  ejercicio del poder público, el poder ciudadano delegado en la autoridad, no puede ir más allá de la ley. Esa es una característica central del Estado de derecho.

En democracia los poderes públicos guardan una relación de equilibrios a efecto de que ninguno esté por encima de otro, realice las mismas funciones y, al mismo tiempo, cumplan sus atribuciones de manera independiente. En una visión muy general podría decirse que el ejecutivo desarrolla la política pública, el legislativo la regula y el judicial vigila que ambos operen en un contexto de legalidad.

Ese fue el marco general bajo el que se constituyeron las democracias en aras de descentralizar el ejercicio que antes concentraba un monarca: dividir el poder en diferentes actores políticos electos por la sociedad a través de mecanismos democráticos o contra mayoritarios (como en el caso de los ministros del poder judicial), sin embargo, con el tiempo las sociedades se volvieron complejas y nuevas necesidades debieron atenderse.

En la lógica tradicional del Estado, se comprendió que el equilibrio entre poderes no era suficiente para evitar que uno prevaleciera por encima de otro, en particular, que el Ejecutivo en regímenes presidenciales sobresaliera en su función pública y, a veces, sometiera al poder legislativo en su influencia y determinación.

Por ello, fue necesario crear otros mecanismos de mediación del poder o, más bien, poderes paralelos a los poderes públicos para la realización de funciones especiales de gobierno que no encajaban en las atribuciones normales del Ejecutivo, Legislativo o judicial.

Así nacieron los órganos autónomos, es decir, órganos de gobierno que no están adscritos a ningún poder público. No dependen de ellos y sus determinaciones no requieren de la consulta con el Presidente de la República, ni del consenso con el Congreso o de alguna resolución de los tribunales. Como quien dice, se gobiernan solos y sus vínculos de control de poder con los demás poderes públicos se realiza mediante la elección o destitución de sus titulares o integrantes de sus juntas de gobierno, consejos o cualquier figura bajo la que esté dispuesta su organización, así como en la fiscalización de los mismos.

La libertad de cátedra no es lo mismo que la autonomía. Esta figura la adquirieron algunas universidades cuando se hizo la reforma al artículo tercero constitucional en el año de 1980. Años después, en 1993, al Banco de México le fue conferida su autonomía. En 1996 el Instituto Federal Electoral, IFE, se convirtió en un órgano plenamente ciudadano y en 1999 se le brindó autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Cabe destacar que también los tribunales agrarios gozan de esta condición jurídica.

La autonomía de algunas universidades públicas, del Banco de México, del IFE o de la CNDH se justifica plenamente por la función que llevan a cabo, actividades que de realizarse desde una institución centralizada el gobierno no apoyaría la gobernabilidad democrática; dejar que el gobierno maneje el control de cambios monetario, las elecciones o califique su proceder en materia de derechos humanos sería tanto  como evaluarse a sí mismo.

Sin embargo, ahora hay una tendencia política, en ocasiones parece hasta excesiva, de querer convertir instituciones gubernamentales en organismos con autonomía constitucional. Es una intención que se pretende para los organismos de telecomunicaciones, competencia económica y de regulación energética, con la finalidad de evitar su vulnerabilidad ante los intereses de grupos políticos y de poder económico. Pero ninguna autonomía garantiza que no existan presiones externas. De ahí que, hasta ahora, estos organismos no gocen de autonomía constitucional y, en su más reciente diseño institucional, en la elección de sus titulares y consejeros participan tanto el Ejecutivo, con la propuesta, como el Senado de la República, en la ratificación de los candidatos.

Lo que podría generar la ampliación del número de órganos autónomos, es hacer que el gobierno pierda un sentido de verticalidad en el desempeño de sus funciones, en aras de una pretendida democratización de la función pública. Esto podría ser cierto en algunos casos, pero cuando de lo que se trata es que la elección de sus responsables dependa del Congreso, lo que emerge es una intensión de centralizar más decisiones en el Poder Legislativo y menos en el Poder Ejecutivo, es decir, existe una intención plenamente política de restar influencia a la institución presidencial.

De ahí nace la idea de un Instituto Nacional Electoral o de que los consejeros del nuevo Instituto para la Evaluación de la Educación se realice en la Cámara de Senadores. También ahora se propone que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social se convierta en un órgano constitucional y que la elección de sus consejeros sea aprobada por el Senado de la República.

No está mal empoderar al Congreso, no obstante, esto no puede hacerse a costa del Poder Ejecutivo, sobre todo, cuando el régimen de gobierno descansa en un sistema presidencial y no parlamentario, porque se acrecienta la disfuncionalidad del régimen en aras de un falso discurso democrático. Los órganos que realizan una función pública de gobierno deben mantenerse en esa esfera y no convertirse en órganos de presión política de los propios poderes, en especial, como oposición del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.

Sin duda, el régimen democrático es perfectible en cada uno de sus diseños institucionales. Los cambios sociales y políticos son una buena razón para ajustar el sistema, pero someter a las instituciones públicas a la coyuntura política lo único que hace es politizar la esfera de lo que es un servicio por naturaleza público. Cabe señalar que la transparencia y rendición de cuentas no es, como piensan muchos, sinónimo de autonomía constitucional.