Más allá de las facultades del Congreso

Sobrepeso u obesidad mórbida son las formas correctas de llamar a la “gordura”, esa forma peyorativa en que se dirigen muchos compañeros, familiares o amigos a las personas cuya salud se ve amenazada por sus kilos de más. Por increíble que parezca, México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo con este padecimiento, desde la primera infancia hasta la edad adulta y contrario a lo que piensan muchos no es resultado de la dieta tradicional mexicana, basada en una combinación de muchas calorías y proteínas.

De ser cierto que las tortillas, los tamales, las corundas, las semitas, las tortas ahogadas o las guajolotas fueran las responsables del peso desmedido de los mexicanos, nuestro país habría sido una población de obesos desde hace muchas décadas, sin embargo, esta circunstancia más bien se ha acentuado en las últimos veinte años, coincidentemente con el abaratamiento a nivel mundial de toda clase de calorías, ya sean dulces, refrescos, golosinas o de la denominada fast food o comida rápida.

Evidentemente, nuestros platillos constituyen un riesgo cuando se mezclan con hábitos de consumo de alimentos con altas concentraciones calóricas. Si a un buen número de tortillas le sumamos un paquete de golosinas o el consumo de uno o más refrescos, además de una tarde sedentaria frente al televisor, difícilmente podremos contrarrestar un déficit calórico para conservar un peso razonablemente proporcional a nuestra complexión y edad.

Efectivamente vivimos una condición epidemiológica en el país producto del sobrepeso y la obesidad que, tarde o tempano, afectará nuestra salud de manera irreversible, sobre todo, si tenemos en nuestro haber un pasado familiar con tendencia a problemas cardiovasculares o, simple y llanamente, a la diabetes.

Esta circunstancia representa un problema delicado de salud pública, porque previsiblemente las personas que se enfermen como resultado de su obesidad, acudirán a los centros de salud de los sistemas estatales o federales, lo que representa desde ahora un costo alto no sólo en medicamentos, tratamientos e intervenciones, sino también, en términos laborales y de productividad en el trabajo.

Sin duda, la mayoría de los casos de sobrepeso y obesidad se explican a la persistencia de malos hábitos alimenticios combinados con la inactividad física y a la reproducción generacional de estilos de vida nocivos para la salud. De ahí que cuando los padres de familia son obesos, la probabilidad de que los hijos lo sean se eleva al 80 por ciento.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el costo directo estimado que representa la atención médica a personas con enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad (problemas cardiovasculares, cerebro-vasculares, hipertensión, algunos tipos de cáncer, atención de diabetes mellitus, tipo 2), se incrementó del año 2000 al 2008 en un 61 por ciento, al pasar de 26 mil 283 millones de pesos a 42 mil 246 millones de pesos. La misma dependencia estima que para el año 2017 dicho gasto alcanzará los 77 mil 919 millones (en pesos de 2008), un moto tres veces superior a lo que se estima recaudar en la frontera con la homologación del Impuesto al Valor Agregado en el año 2014.

La pregunta razonable es cómo orientar los hábitos de consumo sin caer en medidas regulatorias que a nadie gustan. La Ley General de Salud señala expresamente entre sus finalidades, la procuración del bienestar físico y mental de las personas para el ejercicio pleno de sus capacidades, así  como el fomento de valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud individual y colectiva que contribuyan al desarrollo social.

Así como los problemas de desnutrición son regulados en la Ley General de Salud, también, desde hace algunos años, los legisladores han propuesto introducir en la legislación estrategias normativas para que el Estado tenga una mayor incidencia en el control del peso de los ciudadanos mexicanos. Por supuesto que no se propone prohibir o sancionar el hecho de tener kilos de más, sino que haya un seguimiento desde la primera infancia de parte de las instituciones del Estado a aquellos menores cuyo peso represente un riesgo para su salud, entre otros aspectos.

Sin embargo, debe señalarse expresamente que cualquier decisión que se tome, debe partir del reconocimiento de que los responsables de la alimentación de los niños son los padres o tutores; que no se debe prohibir el consumo de alimentos sino informar adecuadamente a los consumidores sobre el contenido nutritivo de lo que consume y alentar las decisiones informadas respecto de la salud.

En el Senado hoy se reciclan iniciativas sobre el tema y seguramente con la campaña reciente en contra del consumo de alimentos con alta concentración calórica, el debate se avivará y nuevamente se discutirá el tema de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria como son la anorexia y la bulimia.

Para llevar a cabo un debate sensato, insisto, debemos reconocer que sin la participación de los padres de familia y la voluntad propia de cada persona, cualquier disposición normativa que se proponga será insuficiente, porque algo así como prohibir y sancionar los kilos de más, está más allá de las facultades del Congreso de la Unión.