Más allá de las propiedades curativas de la mariguana

Un prominente grupo de mexicanos se ha pronunciado a favor de legalizar el uso de la mariguana. Entre ellos, Juan Ramón de la Fuente, Pedro Aspe, Fernando Gómez Mont y Jorge G. Castañeda (Fox queda fuera). Esta manifestación siguió a la de un grupo de ex presidentes de países latinoamericanos: Ernesto Zedillo (México), Fernando Enrique Cardoso (Brasil) y César Gaviria (Colombia). El tema es que la legalización representa un factor para reducir los índices de violencia en los países productores, consumidores o que constituyen una vía terrestre para hacer llegar la droga a los Estados Unidos.

El asunto tiene muchas perspectivas de valoración: el uso médico de la cannabis, el daño relativamente bajo que genera en la salud frente a otras drogas, la regulación de un mercado que opera bajo circunstancias de violencia y la posibilidad de que sólo la autoridad del Estado distribuya este producto psicoactivo, entre otros aspectos, pero destaca en particular su uso regulado a través de la ley.

El derecho expresa el grado de civilización alcanzado por la sociedad. Constituye un medio para evitar o procesar los conflictos sociales y evitar que prevalezca la posición del más fuerte frente al débil. De ahí que la pregunta sea si regular la producción, distribución y consumo de la mariguana reduciría los conflictos sociales, por ejemplo en Michoacán, porque no es la hierba en sí misma lo que nos preocupa, sino la violencia asociada a la misma.

La violencia en el Estado purépecha tiene que ver en parte con el cultivo de mariguana y amapola que por décadas se ha llevado a cabo en esa entidad, pero hoy día ya no representan los principales productos ilícitos que mueven en el Estado a través de las redes del crimen organizado. De hecho, ni siquiera son los principales objetos que explican la violencia. La producción y distribución de la hierba ha sido desplazada en ese territorio por la extracción ilícita de metales, la internación irregular de materias primas para la producción de drogas sintéticas, el secuestro, la extorsión y el cobro de derecho de piso, la apropiación de huertas de aguacate y cultivos de limón, la tala inmoderada y una larga cadena de ilícitos antes que la producción de mariguana.

¿En una condición de estado de excepción que posibilite la regulación de la mariguana en el Estado de Michoacán se reduciría la violencia? Creo que no. Soy de la idea de que la intención de regular la producción, distribución y consumo de la cannabis obedece a una lógica de mercado externa sobre la base de ingresar una nueva mercancía a la venta pública, proceso del que ya se ven algunos avances en estados federados de la unión americana.

Aparte, en México llevamos muchos años emitiendo normas para reducir en la población los efectos nocivos del tabaco y se ha regulado, a veces hasta de manera excesiva, su consumo en lugares públicos. La razón son los costos para la salud de las personas, sus allegados y para el propio Estado en materia  de salud pública. La mariguana al igual que el tabaco produce adicción y daños a la salud comprobados e irreversibles.

Ahora bien, regular los aspectos relacionados con la buena salud que propicia la explotación de la mariguana como fármaco, es otro asunto. Sin embargo, este aspecto aún requiere de investigación, no porque se ignore ciertas propiedades curativas, sino para valorar los efectos que todo fármaco debe advertir a sus consumidores previo a su registro y autorización por parte de las autoridades sanitarias.

Regular la mariguana constituye un tema de discusión amplio y serio, pero pensar que el uso regulado de la misma es un remedio para la violencia, es atribuirle propiedades curativas más allá de sus cualidades farmacéuticas.

Otra vez la reelección de legisladores

Una vez más entramos al debate de la reelección legislativa inmediata. Con motivo de la discusión de la Reforma del Estado, en el marco del Pacto por México, muy probablemente se discuta el tema antes de finalizar el año bajo nuevas inquietudes y confusiones.

Es claro que cuando la reelección depende de los ciudadanos se fortalecen sus derechos políticos, porque serán los votantes quienes decidan quién se queda y quién se va. Definir qué legislador continúa en el escaño o curul no será una decisión de los partidos, ni de sus dirigencias, ni del Presidente de la República. Quién haya cumplido probablemente se queda y el que no se va.

Sin embargo, las preguntas sobre la reelección consecutiva son: a partir de cuándo, cuánto tiempo y quiénes pueden quedarse. La respuesta a la primera pregunta es más sencilla, porque podría entrar en vigor en el año de 2015, en las próximas elecciones intermedias o, bien, hasta el año 2018, cuando coincidan las elecciones de diputados y senadores con la Presidencial. En opinión de algunos, es que se trata de una reforma importante del régimen de gobierno que tiene implicaciones significativas en el sistema de partidos.

De aprobarse la reelección consecutiva, la vida interna de los partidos se verá alterada y nuevas reglas en la elección interna de candidatos deberán aplicarse; habrá menos espacios y la renovación de los cuadros políticos traerá desencuentros y nuevas diferencias al interior de los institutos políticos. Los partidos estarán ahora obligados a establecer reglas claras y plenamente democráticas para el desarrollo de las contiendas internas.

Este proceso llevará su tiempo, por lo que soy de la opinión de aplicar la reelección a partir de 2018. No tiene caso apresurar las cosas, sobre todo, cuando es probable que también se apruebe un nuevo umbral de registro definitivo para los partidos, que se incrementaría del 2 al 3 por ciento de la votación total.

En relación al tiempo que puede permanecer una persona en un cargo de elección popular, parece que hay un consenso general en que sea de doce años para los senadores, cuyo periodo normal es de seis años, y de doce para diputados, es decir, que podrían reelegirse hasta en tres ocasiones. Lo anterior parece un hecho en caso de que la reforma camine.

La reelección tiene sus ventajas. Ya hemos dicho que son los electores quienes la deciden quién. Además, permite la profesionalización de los legisladores, esto es, representantes populares más expertos y especializados, pero también menos dependientes de sus dirigencias partidarias, pues la posibilidad de reelegirse dependerá en mucho que verdaderamente atiendan las necesidades de las personas a las que representan y no a sus dirigentes.

Una consecuencia normal de la reelección es que la llamada disciplina partidaria, deja de ser una opción obligada y se convierte en un elemento adicional de negociación política. Esta circunstancia permite actuar con mayor libertad a los actores políticos y menos por consigna o ideología. La disciplina se convierte así en un elemento de conciencia y no de imposición desde arriba.

La tercera pregunta se refiere a quiénes pueden reelegirse. Para ello hay que distinguir que la integración de la representación sigue dos principios: el de mayoría relativa y el de representación proporcional. El primero atiende a los legisladores electos de un partido en un distrito electoral integrado, al menos, por 300 mil ciudadanos. El principio de mayoría es relativo con respecto al conjunto del territorio nacional, donde las mayorías pueden constituirse por mayorías de otros partidos. Es decir, la mayoría de un distrito electoral es relativa respecto de las otras mayorías en otros distritos.

La representación proporcional se integra por las mayorías de una circunscripción previamente determinada, en donde un partido tiene un mayor número de votos independientemente de la contabilidad de cada uno de ellos por distrito electoral. Actualmente son 300 los distritos electorales y cinco las circunscripciones nacionales en que está dividido el territorio nacional para efectos electorales.

El caso es que cuando los electores votan por un candidato de mayoría relativa de su distrito electoral, simultáneamente lo hacen por una lista de candidatos del mismo partido que fue propuesta por la dirigencia del mismo partido político. Así es en México actualmente. Cuando votamos, en el mismo acto elegimos la representación de mayoría relativa y la representación proporcional.

Pero volviendo al tema. La reelección de los candidatos de mayoría relativa tiene un significado diferente a la reelección de los candidatos de representación proporcional, pues éstos últimos no representan a electores desde la perspectiva territorial, sino a partidos políticos. Ese es uno de los debates pendientes.

El otro tema relevante, es si los actuales diputados y senadores pueden relegirse desde la entrada en vigor de la reforma, durante el siguiente proceso electoral, a partir de que ellos mismos aprueben las modificaciones constitucionales. Esta inquietud ha salido de algunos senadores del partido Acción Nacional, quienes conciben la aprobación de la reelección legislativa inmediata como una vía para asegurar sus escaños en el futuro inmediato.

Esta confusión tiene que ver con un problema de ética, pues nadie puede aprovechar su cargo para que, desde la ley, resulte beneficiado. Hay que señalar que siempre que se ha debatido la reelección consecutiva de diputados y senadores en México, ha quedado claro que la legislatura que eventualmente apruebe la modificación constitucional, está fuera de la posibilidad de reelegirse en ese mismo periodo. Esto no sólo es justo sino, además, lo más sensato.

Los fierros viejos de Pemex

En cualquier ciudad del país en carritos adaptados señores ofrecen, al grito de “fierros viejos que vendan”, adquirir las posesiones obsoletas o inservibles de las casas. Nunca el precio que ofrecen es el mejor y, a veces, hasta cobran por llevarse las cosas viejas o en desuso. Es casi una tradición urbana ver a estos personajes recorrer calles llevando y trayendo objetos.

Una visión extrapolada puede aplicarse al caso de Pemex. El debate es tan intenso y cargado de ideología, que prácticamente pareciera que la propuesta de modificar la legislación tiene el propósito de deshacerse de los fieros viejos de la industria petrolera mexicana. Así lo hacen aparecer muchos interlocutores de la discusión.  

La primera propuesta para desincorporar una empresa nacional estratégica se hizo durante el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, quien propuso al Congreso de la Unión un esquema de gobierno diferente para la Comisión Federal de Electricidad, CFE. En esa ocasión se opusieron los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. La iniciativa ni siquiera llegó a discutirse y sólo tuvo costos políticos para el partido gobernante en ese entonces, el Revolucionario Institucional.

Años más tarde, el propio presidente Vicente Fox presentó prácticamente la misma iniciativa, incluso con un texto normativo prácticamente igual, no obstante, tampoco llegó a discutirse. Mucho se habló entonces de que la reforma a la CFE era el paso previo para privatizar Pemex, las únicas dos empresas públicas relevantes.

Privatizar se ha convertido en el estigma político para no hacer nada. El caso es que no hay modo de hacer de Pemex una empresa pública de hecho y no mantenerla como una empresa pública de membrete. Petróleos Mexicanos es una institución pública cuyo esquema de operación dista mucho del de una empresa corporativa y, desde luego, este modelo no le permite competir frente a los corporativos en igualdad de condiciones.

Pero más allá de la competencia  internacional y de los mercados mundiales, qué es lo que los opositores a la reforma pretenden: conservar los fierros viejos, esperar a que la empresa llegue a su inviabilidad financiera por falta de inversión o imaginan que algo diferente va a pasar después de más de siete décadas.

Si algo no ha funcionado durante mucho tiempo, lo mejor es cambiarlo. Así de sencillo, y no digo que pongamos en bandeja de plata a nuestra principal fuente de ingresos públicos, sino que la renovemos ante la evidencia de la caída de las reservas en los últimos años.

Brasil es un país con un gobierno a la izquierda de la socialdemocracia que permite la intervención de recursos de la empresa privada en contratos de riesgo, compartiendo pérdidas y ganancias. Cuba también lo hace y, de hecho, no tendría otra para alternativa para explotar el petróleo que subyace en su territorio y mar patrimonial. Ni que decir de Noruega, en el que la participación de capital público y privado ha permitido crear un fondo para esa nación para enfrentar la declinación futura de sus reservas.

Incluso Brasil ha modificado una vez más su legislación en la materia, para que la renta petrolera se aplique a la educación, convencidos de que todos los países desarrollados invirtieron en ese campo antes de llegar a mejores niveles de vida de su población. Sin educación es difícil pensar en desarrollo.

De ahí la pregunta de qué queremos hacer con muestro petróleo, porque sin tecnología difícilmente podrán extraerse hidrocarburos de aguas profundas. Porque sin recursos frescos, de los que hoy no disponemos, las reservas continuarán bajando y depreciando el valor de nuestra industria. Porque de mantener la misma perspectiva, lo único que se alimentará es a la burocracia corporativa y la burocracia sindical que consumen los pocos recursos que le quedan a Pemex después de descontar impuestos y derechos.

La propuesta de modificar la industria petrolera mexicana no implica vender el petróleo que subyace en el territorio nacional; tampoco pretende vender los fierros viejos, porque esos nadie los quiere. Lo que queremos es adquirir con recursos frescos nuevos fierros, acceso a nuevas tecnologías y a un mejor modelo corporativo que le permita a la empresa pública competir con sus homólogas en el mundo en mejores condiciones de competitividad.

Pero el problema más difícil está en vencer una idea nacionalista mal entendida, que considera que cualquier operación o negocio con extranjeros es tanto como cambiar oro por espejos, una idea atrapada en la desconfianza del otro, en una especie de teoría de la conspiración perpetua de lo nuevo en nuestra contra.

Que la extracción, producción, refinación y distribución del petróleo esté únicamente en manos del gobierno no nos ha hecho productivos, ni transparentes, ni eficientes, porque alrededor de este modelo lo que hemos consolidado mejor que nada es una gran clientela política, empresarial y laboral, quienes pareciera son los receptores de la renta petrolera disponible.

De no reconsiderar las cosas tal como están, en algunas décadas estaremos a la espera de escuchar “fierros viejos que vendan”.

Más allá de las facultades del Congreso

Sobrepeso u obesidad mórbida son las formas correctas de llamar a la “gordura”, esa forma peyorativa en que se dirigen muchos compañeros, familiares o amigos a las personas cuya salud se ve amenazada por sus kilos de más. Por increíble que parezca, México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo con este padecimiento, desde la primera infancia hasta la edad adulta y contrario a lo que piensan muchos no es resultado de la dieta tradicional mexicana, basada en una combinación de muchas calorías y proteínas.

De ser cierto que las tortillas, los tamales, las corundas, las semitas, las tortas ahogadas o las guajolotas fueran las responsables del peso desmedido de los mexicanos, nuestro país habría sido una población de obesos desde hace muchas décadas, sin embargo, esta circunstancia más bien se ha acentuado en las últimos veinte años, coincidentemente con el abaratamiento a nivel mundial de toda clase de calorías, ya sean dulces, refrescos, golosinas o de la denominada fast food o comida rápida.

Evidentemente, nuestros platillos constituyen un riesgo cuando se mezclan con hábitos de consumo de alimentos con altas concentraciones calóricas. Si a un buen número de tortillas le sumamos un paquete de golosinas o el consumo de uno o más refrescos, además de una tarde sedentaria frente al televisor, difícilmente podremos contrarrestar un déficit calórico para conservar un peso razonablemente proporcional a nuestra complexión y edad.

Efectivamente vivimos una condición epidemiológica en el país producto del sobrepeso y la obesidad que, tarde o tempano, afectará nuestra salud de manera irreversible, sobre todo, si tenemos en nuestro haber un pasado familiar con tendencia a problemas cardiovasculares o, simple y llanamente, a la diabetes.

Esta circunstancia representa un problema delicado de salud pública, porque previsiblemente las personas que se enfermen como resultado de su obesidad, acudirán a los centros de salud de los sistemas estatales o federales, lo que representa desde ahora un costo alto no sólo en medicamentos, tratamientos e intervenciones, sino también, en términos laborales y de productividad en el trabajo.

Sin duda, la mayoría de los casos de sobrepeso y obesidad se explican a la persistencia de malos hábitos alimenticios combinados con la inactividad física y a la reproducción generacional de estilos de vida nocivos para la salud. De ahí que cuando los padres de familia son obesos, la probabilidad de que los hijos lo sean se eleva al 80 por ciento.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el costo directo estimado que representa la atención médica a personas con enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad (problemas cardiovasculares, cerebro-vasculares, hipertensión, algunos tipos de cáncer, atención de diabetes mellitus, tipo 2), se incrementó del año 2000 al 2008 en un 61 por ciento, al pasar de 26 mil 283 millones de pesos a 42 mil 246 millones de pesos. La misma dependencia estima que para el año 2017 dicho gasto alcanzará los 77 mil 919 millones (en pesos de 2008), un moto tres veces superior a lo que se estima recaudar en la frontera con la homologación del Impuesto al Valor Agregado en el año 2014.

La pregunta razonable es cómo orientar los hábitos de consumo sin caer en medidas regulatorias que a nadie gustan. La Ley General de Salud señala expresamente entre sus finalidades, la procuración del bienestar físico y mental de las personas para el ejercicio pleno de sus capacidades, así  como el fomento de valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud individual y colectiva que contribuyan al desarrollo social.

Así como los problemas de desnutrición son regulados en la Ley General de Salud, también, desde hace algunos años, los legisladores han propuesto introducir en la legislación estrategias normativas para que el Estado tenga una mayor incidencia en el control del peso de los ciudadanos mexicanos. Por supuesto que no se propone prohibir o sancionar el hecho de tener kilos de más, sino que haya un seguimiento desde la primera infancia de parte de las instituciones del Estado a aquellos menores cuyo peso represente un riesgo para su salud, entre otros aspectos.

Sin embargo, debe señalarse expresamente que cualquier decisión que se tome, debe partir del reconocimiento de que los responsables de la alimentación de los niños son los padres o tutores; que no se debe prohibir el consumo de alimentos sino informar adecuadamente a los consumidores sobre el contenido nutritivo de lo que consume y alentar las decisiones informadas respecto de la salud.

En el Senado hoy se reciclan iniciativas sobre el tema y seguramente con la campaña reciente en contra del consumo de alimentos con alta concentración calórica, el debate se avivará y nuevamente se discutirá el tema de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria como son la anorexia y la bulimia.

Para llevar a cabo un debate sensato, insisto, debemos reconocer que sin la participación de los padres de familia y la voluntad propia de cada persona, cualquier disposición normativa que se proponga será insuficiente, porque algo así como prohibir y sancionar los kilos de más, está más allá de las facultades del Congreso de la Unión.

A Propósito de los Órganos autónomos

Una característica de los poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es la autonomía de uno respecto del otro. Esto que normalmente llamamos División de Poderes y que representa la unidad que guarda cada uno de ellos en términos de verticalidad y el ejercicio del principio de autoridad con base en las disposiciones constitucionales y legales. De este modo el  ejercicio del poder público, el poder ciudadano delegado en la autoridad, no puede ir más allá de la ley. Esa es una característica central del Estado de derecho.

En democracia los poderes públicos guardan una relación de equilibrios a efecto de que ninguno esté por encima de otro, realice las mismas funciones y, al mismo tiempo, cumplan sus atribuciones de manera independiente. En una visión muy general podría decirse que el ejecutivo desarrolla la política pública, el legislativo la regula y el judicial vigila que ambos operen en un contexto de legalidad.

Ese fue el marco general bajo el que se constituyeron las democracias en aras de descentralizar el ejercicio que antes concentraba un monarca: dividir el poder en diferentes actores políticos electos por la sociedad a través de mecanismos democráticos o contra mayoritarios (como en el caso de los ministros del poder judicial), sin embargo, con el tiempo las sociedades se volvieron complejas y nuevas necesidades debieron atenderse.

En la lógica tradicional del Estado, se comprendió que el equilibrio entre poderes no era suficiente para evitar que uno prevaleciera por encima de otro, en particular, que el Ejecutivo en regímenes presidenciales sobresaliera en su función pública y, a veces, sometiera al poder legislativo en su influencia y determinación.

Por ello, fue necesario crear otros mecanismos de mediación del poder o, más bien, poderes paralelos a los poderes públicos para la realización de funciones especiales de gobierno que no encajaban en las atribuciones normales del Ejecutivo, Legislativo o judicial.

Así nacieron los órganos autónomos, es decir, órganos de gobierno que no están adscritos a ningún poder público. No dependen de ellos y sus determinaciones no requieren de la consulta con el Presidente de la República, ni del consenso con el Congreso o de alguna resolución de los tribunales. Como quien dice, se gobiernan solos y sus vínculos de control de poder con los demás poderes públicos se realiza mediante la elección o destitución de sus titulares o integrantes de sus juntas de gobierno, consejos o cualquier figura bajo la que esté dispuesta su organización, así como en la fiscalización de los mismos.

La libertad de cátedra no es lo mismo que la autonomía. Esta figura la adquirieron algunas universidades cuando se hizo la reforma al artículo tercero constitucional en el año de 1980. Años después, en 1993, al Banco de México le fue conferida su autonomía. En 1996 el Instituto Federal Electoral, IFE, se convirtió en un órgano plenamente ciudadano y en 1999 se le brindó autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Cabe destacar que también los tribunales agrarios gozan de esta condición jurídica.

La autonomía de algunas universidades públicas, del Banco de México, del IFE o de la CNDH se justifica plenamente por la función que llevan a cabo, actividades que de realizarse desde una institución centralizada el gobierno no apoyaría la gobernabilidad democrática; dejar que el gobierno maneje el control de cambios monetario, las elecciones o califique su proceder en materia de derechos humanos sería tanto  como evaluarse a sí mismo.

Sin embargo, ahora hay una tendencia política, en ocasiones parece hasta excesiva, de querer convertir instituciones gubernamentales en organismos con autonomía constitucional. Es una intención que se pretende para los organismos de telecomunicaciones, competencia económica y de regulación energética, con la finalidad de evitar su vulnerabilidad ante los intereses de grupos políticos y de poder económico. Pero ninguna autonomía garantiza que no existan presiones externas. De ahí que, hasta ahora, estos organismos no gocen de autonomía constitucional y, en su más reciente diseño institucional, en la elección de sus titulares y consejeros participan tanto el Ejecutivo, con la propuesta, como el Senado de la República, en la ratificación de los candidatos.

Lo que podría generar la ampliación del número de órganos autónomos, es hacer que el gobierno pierda un sentido de verticalidad en el desempeño de sus funciones, en aras de una pretendida democratización de la función pública. Esto podría ser cierto en algunos casos, pero cuando de lo que se trata es que la elección de sus responsables dependa del Congreso, lo que emerge es una intensión de centralizar más decisiones en el Poder Legislativo y menos en el Poder Ejecutivo, es decir, existe una intención plenamente política de restar influencia a la institución presidencial.

De ahí nace la idea de un Instituto Nacional Electoral o de que los consejeros del nuevo Instituto para la Evaluación de la Educación se realice en la Cámara de Senadores. También ahora se propone que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social se convierta en un órgano constitucional y que la elección de sus consejeros sea aprobada por el Senado de la República.

No está mal empoderar al Congreso, no obstante, esto no puede hacerse a costa del Poder Ejecutivo, sobre todo, cuando el régimen de gobierno descansa en un sistema presidencial y no parlamentario, porque se acrecienta la disfuncionalidad del régimen en aras de un falso discurso democrático. Los órganos que realizan una función pública de gobierno deben mantenerse en esa esfera y no convertirse en órganos de presión política de los propios poderes, en especial, como oposición del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.

Sin duda, el régimen democrático es perfectible en cada uno de sus diseños institucionales. Los cambios sociales y políticos son una buena razón para ajustar el sistema, pero someter a las instituciones públicas a la coyuntura política lo único que hace es politizar la esfera de lo que es un servicio por naturaleza público. Cabe señalar que la transparencia y rendición de cuentas no es, como piensan muchos, sinónimo de autonomía constitucional.

Quién decide quien

La reelección consecutiva de legisladores ante el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas ha sido un tema largamente debatido, pero más allá de los razonamientos políticos y académicos, sobra decir que mucho de lo que se dice y sabe obedece más a la percepción individual de la gente que a posturas plenamente definidas respecto de la democracia y el quehacer político.

El común de la gente piensa que no es necesario reelegir a los legisladores. De hecho se les considera más un mal necesario que un bien público. Sin embargo, ninguna democracia en  el mundo que se precie de serlo, ha optado por eliminar a la figura del representante público y, prácticamente, en todos los países existe la reelección consecutiva, salvo los casos de Costa rica y, desde luego, México.

Lo primero que debe señalarse es que la reelección consecutiva de diputados y senadores no es un acto automático y estará sometida a las elecciones cada tres años o cada seis. El elector es al final de cuentas quien decide quien continúa y quien se va. En cada proceso electoral para integrar el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, deberá optarse por candidatos de distintos partidos para elegir o reelegir, lo que previamente supone una contienda interna en cada partido político con iguales posibilidades y consecuencias.

La idea del que llegó se quedó para siempre es un error de apreciación. La reelección consecutiva de legisladores es una regla de la democracia que garantiza que, quien haya hecho bien su trabajo y además fue bien calificado por sus electores, podrá continuar en el cargo, siempre y cuando así se ratifique en las elecciones. Quien llegó podría perder la contienda interna siguiente de su partido político o ser removido frente a otro candidato de algún partido diferente, sobre todo, en condiciones de alternancia. Nada sería seguro, sólo la evaluación de su trabajo.

A la pregunta expresa de si se está  o no a favor de la reelección de diputados y senadores, la gente regularmente dice no, porque no sabe que de ellos dependería esa decisión de quién elige a quien cada tres o cada seis años, dependiendo el cargo de que se trate. Hay quienes piensan que esta decisión sería única y definitiva y otros que piensan que los partidos políticos decidirán a quienes ponen de manera definitiva. Pero no, esta será una decisión de los electores, no de los partidos, no de las burocracias, ni tampoco de las redes clientelares.

La reelección legislativa inmediata constituye, en primer término, una modalidad que tienen los cargos de elección popular respecto del término del mandato y su renovación. Es una derivación jurídica que surge a partir de las disposiciones de los artículos 51 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los respectivos de las constituciones de las entidades federativas. Pero más allá de los dispositivos jurídicos que no dejan lugar a dudas respecto de la renovación de las Cámaras, tres años para diputados y seis para senadores, el enfoque de análisis debe contextualizarse en términos de otros propósitos que tienen que ver más con un Estado de derecho democrático, en donde la plena vigencia de los principios de representación deben inscribirse en el ámbito de la gobernabilidad, institucionalidad democrática y legitimidad.

Más allá del debate sobre si el viable o no la reforma constitucional que modifique los términos del mandato de los legisladores a efecto de que puedan o no reelegirse para un periodo subsecuente, es importante tomar en consideración el significado que tiene en términos de su impacto en la dinámica política nacional, tanto a nivel de los partidos políticos como en la relación entre los poderes públicos. Tradicionalmente se ha considerado ideológicamente a la Nación mexicana como respetuosa del principio de no reelección, postulado bajo el cual se dio inicio al movimiento social que sentó las bases de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917  y que, paradójicamente, no estableció en sus preceptos ninguna prohibición expresa respecto de la reelección inmediata de los legisladores.

Más bien, la reforma que se hizo en el año de 1933 al texto constitucional tuvo propósitos específicamente pragmáticos para la organización del poder político del partido gobernante en esos momentos y de ahí, como mito casi fundante, se ha mantenido, como si fuera uno de los principios constitutivos del orden social y político nacional, excluyendo cualquier reflexión sobre su incidencia en la consolidación de la democracia.

La lealtad que los legisladores tienen respecto de los partidos políticos ha sustituido el elemento esencial de la representación: el vínculo entre el elector, sus intereses y el órgano del Estado bajo en que se articula las necesidades que atiende.

Esta expectativa que no cubre la función de la representación legislativa (atender de manera primordial al electorado), cuya dinámica responde a un orden político y no social, contribuye en buena medida a esa falta de reconocimiento de la labor legislativa y, al mismo tiempo, a la conformación de un espectro de ilegitimidad que permea la importante función que debiera cumplir el Poder Legislativo.

La reelección legislativa inmediata a nivel Federal y Estatal, además de fortalecer el poder ciudadano y acotar la disciplina partidaria, desplazaría el centro de gravedad de la discusión política nacional, en donde los actores políticos estrechamente vinculados con los órganos de dirección de los partidos tendrían un peso menor en la definición de la agenda nacional, en favor de los órganos de las Cámaras. La reelección legislativa inmediata tendría entre sus consecuencias una integración del consenso menos condicionada y más efectiva en situación de gobierno dividido y mediaría el poder decisorio de los partidos políticos en los asuntos de interés público de la Nación.

El presidente francés reduce su salario y el de sus colaboradores en un 30% menos

Como una forma de acercar a la autoridad con la ciudadanía y como una medida para solidarizarse con la situación de la crisis en Francia y Europa, el Presidente Hollande redujo su sueldo y el de sus colaboradores en un 30 por ciento menos, además de suscribir un código deóntico y de austeridad personal en el que se subraya que el ejercicio del poder se regirá por los principios de “dignidad, sobriedad, eficacia, ejemplaridad, transparencia y solidaridad con el colectivo”. Esta medida hace pensar que el Estado (en este caso, la autoridad)  no goza de privilegios diferentes a los ciudadanos, por lo que podría interpretarse esta polìtica como una nueva forma de establecer la relación entre el Estado y la sociedad (Hesse).